Funciones del Estado: ¿Intervencionismo, sí o no?
En artículos anteriores hemos hablado tanto del estado en sí, y sus características principales, como de la economía como práctica humana y su aparición como ciencia social. Pese a separarse esta de la política en sí, es indudable que los estados, o sea, los gobiernos, siempre han tenido las políticas económicas como una de las grandes lanzas para la tarea gubernamental. Sobre la conveniencia o no de qué el estado regule la actividad económica, de los instrumentos para hacerlo y de los objetivos y fines es de lo que hablaremos a continuación.
El debate sobre el grado de intervención del Estado en la economía ha sido una constante en la historia del pensamiento económico. Dos grandes corrientes han marcado este debate: el liberalismo económico, que aboga por una mínima intervención estatal, y las teorías intervencionistas, que defienden un rol activo del Estado para corregir las fallas del mercado.
Los economistas liberales, como Adam Smith, sostenían que el mercado es el mejor asignador de recursos, siempre que funcione bajo condiciones de libre competencia. Smith introdujo la idea de la «mano invisible», que describía cómo los individuos, al perseguir sus propios intereses, terminaban beneficiando al conjunto de la sociedad (Mochón, 2009: 240). Los defensores del «laissez-faire» argumentan que el Estado debe intervenir lo menos posible, ya que cualquier intervención podría distorsionar el equilibrio natural del mercado y generar ineficiencias.
Por otro lado, los economistas keynesianos, encabezados por John Maynard Keynes, criticaron la visión liberal al argumentar que los mercados no siempre son capaces de autorregularse, especialmente en tiempos de crisis. Keynes defendía que, en situaciones de recesión o desempleo masivo, el Estado debe intervenir mediante el gasto público para estimular la demanda y reactivar la economía (Mochón, 2009: 241). La Gran Depresión de 1929 fue un ejemplo clave de cómo el colapso del sistema financiero y la falta de intervención estatal llevaron a una profunda crisis económica global.
El debate entre estas dos posturas continúa hoy en día. Mientras que los defensores del libre mercado promueven la desregulación y la reducción de la intervención estatal, los economistas más progresistas defienden un rol activo del Estado no solo para garantizar la estabilidad económica, sino también para redistribuir la riqueza y corregir las desigualdades (Mochón, 2009: 242).
En su aplicación práctica, la práctica estatal ha tendido a liberalizar sectores del mercado en la búsqueda de competitividad, abriéndose a diferentes tipos de regulación según los sectores y su importancia estratégica. Aunque, en tiempos de crisis, los estados han modificado parte de estos estándares hacia una mayor intervención, tratando de regular las distorsiones del mercado y las altas tasas de déficit público y desempleo.
Instrumentos del Estado para influir en la economía
El Estado utiliza una serie de instrumentos para regular la actividad económica y garantizar el bienestar de la población. Entre los más importantes se encuentran los siguientes:
- Regulación: El Estado regula diversos sectores de la economía para garantizar el correcto funcionamiento del mercado y proteger a los consumidores. Según Mochón (2009), la regulación puede abarcar desde el control de precios en mercados estratégicos hasta la supervisión de la competencia para evitar prácticas monopólicas (p. 243). Las leyes de competencia buscan asegurar que las empresas no abusen de su poder de mercado y que se mantenga una competencia sana. Las leyes regulatorias para controlar a los monopolios, especialmente a los reconocidos como “monopolios naturales”, ya que no compiten con nadie, suele basarse en dos enfoques:
- Regulación por tipo marginal: Consiste en fijar el precio igual al coste marginal (el coste de producir una unidad adicional). En una situación ideal de competencia perfecta, este sería el precio eficiente. Sin embargo, en un monopolio natural, donde los costes medios son decrecientes, fijar el precio igual al coste marginal haría que el monopolio incurriera en pérdidas, ya que el precio sería menor que el coste medio. Esto puede obligar al monopolio a cerrar, a menos que el Estado subsidie las pérdidas.
- Regulación por tipo medio: En este enfoque, el precio se establece igual al coste medio (el coste total dividido por la cantidad producida). Esto permite que el monopolio cubra sus costes totales, evitando pérdidas. Aunque este enfoque es más común y evita la necesidad de subsidios, no es tan eficiente como la regulación por tipo marginal, ya que los consumidores pagan precios más altos que en un mercado perfectamente competitivo.
- Impuestos: Los impuestos son una de las herramientas más directas que tiene el Estado para influir en la economía. A través de la política fiscal, el Estado recauda ingresos que luego redistribuye en forma de gasto público. Existen distintos tipos de impuestos, desde los indirectos, como el IVA, hasta los directos, como el impuesto sobre la renta. Los impuestos permiten al Estado financiar servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y las infraestructuras (Mochón, 2009: 244).
Estos instrumentos permiten al Estado corregir las fallas del mercado, estabilizar la economía y promover un crecimiento sostenible.
Soluciones tributarias: sistemas proporcional, progresivo y regresivo
El sistema tributario tiene un impacto significativo en la distribución de la riqueza dentro de una economía. Para Mochón (2009) existen dos principios clave en los que los estados recaudan impuestos. Son los siguientes:
- Principio de capacidad de pago: Según este principio, los impuestos deben basarse en la capacidad de los ciudadanos para pagarlos. Esto significa que quienes tienen mayores ingresos o más riqueza deben contribuir más al financiamiento de los servicios públicos. Mochón explica que un sistema tributario basado en la capacidad de pago intenta equilibrar la carga fiscal de manera progresiva, de modo que los más ricos aporten más proporcionalmente que los menos favorecidos (Mochón, 2009: 245).
- Principio del beneficio: Este principio sugiere que los ciudadanos deben pagar impuestos en función de los beneficios que reciben de los servicios públicos. Por ejemplo, si un servicio beneficia directamente a un grupo, como una autopista financiada mediante peajes, este grupo debería ser el responsable de los costos de ese servicio. Sin embargo, este principio tiene un uso limitado en la práctica, ya que la mayoría de los sistemas fiscales modernos se orientan hacia el principio de capacidad de pago (Mochón, 2009, p. 246).
Esto, en el caso del principio de capacidad de pago, clasifica a los sistemas tributarios en varios tipos. Existen tres tipos principales de sistemas tributarios que los Estados pueden adoptar:
- Sistema proporcional: En este sistema, todos los contribuyentes pagan el mismo porcentaje de sus ingresos en impuestos, sin importar su nivel de ingresos. Si bien es simple de implementar, no tiene en cuenta las diferencias en la capacidad económica de los ciudadanos, por lo que puede considerarse menos equitativo (245).
- Sistema progresivo: El sistema progresivo es aquel en el que quienes más ganan pagan un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos. Este sistema busca corregir las desigualdades económicas y garantizar que los ciudadanos con más recursos contribuyan de manera más significativa al financiamiento de los bienes públicos.
- Sistema regresivo: En este caso, los impuestos afectan proporcionalmente más a las personas con menores ingresos, ya que representan una mayor parte de su renta disponible. Aunque es menos utilizado en la política fiscal moderna, algunos impuestos indirectos, como el IVA, pueden tener un efecto regresivo si no están correctamente ajustados (246).
Regulación estatal: Corrección de la competencia imperfecta
La competencia perfecta es una situación teórica en la que muchas empresas ofrecen productos homogéneos y ningún participante del mercado tiene poder suficiente para influir en los precios. En este escenario ideal, los precios se determinan exclusivamente por la interacción de la oferta y la demanda, y el mercado asigna eficientemente los recursos (Mochón, 2009: 247).
Sin embargo, en la realidad, la mayoría de los mercados presentan competencia imperfecta, en la que algunas empresas tienen poder de mercado, lo que les permite influir en los precios y las cantidades de bienes y servicios ofrecidos. Ejemplos de competencia imperfecta incluyen los monopolios, donde una sola empresa controla el mercado; y los oligopolios, donde pocas empresas dominan la oferta. La existencia de estas distorsiones justifica la intervención del Estado para regular el comportamiento de las empresas y garantizar una competencia más justa (Mochón, 2009: 248).
La intervención estatal en la corrección de la competencia imperfecta es esencial para proteger a los consumidores y evitar abusos de poder por parte de las grandes corporaciones. Entre las medidas más comunes están la prohibición de prácticas anticompetitivas, como los acuerdos de precios o el abuso de posición dominante.
El Estado y la distribución de la renta
El Estado tiene una responsabilidad clave en la redistribución de la renta, con el objetivo de combatir la desigualdad económica y social. A través de la política fiscal y otras medidas redistributivas, el Estado busca asegurar una mayor equidad en la distribución de los recursos.
Los instrumentos más comunes utilizados para este fin incluyen:
- Impuestos progresivos: Los sistemas fiscales que cobran mayores tasas impositivas a quienes más ganan son un mecanismo central en la redistribución de la renta.
- Transferencias directas: Programas de bienestar social, como las pensiones, los subsidios por desempleo y la asistencia a los hogares de bajos ingresos, son fundamentales para reducir las desigualdades y proteger a los sectores más vulnerables (Mochón, 2009: 251).
La finalidad de estas políticas redistributivas es garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos, mejorando el acceso a servicios esenciales como la educación y la sanidad, y fomentando una mayor cohesión social.
Las políticas distributivas y sus instrumentos
Las políticas distributivas buscan equilibrar las disparidades económicas inherentes al sistema capitalista. Los gobiernos implementan diversos instrumentos para combatir la desigualdad, desde los «impuestos progresivos» hasta los «gastos sociales«. Estos últimos incluyen el gasto en educación, salud y programas de seguridad social, como las pensiones y los subsidios por desempleo.
Según Mochón (2009), las políticas redistributivas tienen dos objetivos principales: la equidad y la cohesión social. La equidad se refiere a una distribución más justa de los recursos económicos, mientras que la cohesión social implica que las políticas públicas logren mantener la estabilidad social y el bienestar de la población (p. 252).
El estado de bienestar: ¿es ineficiente?
El estado de bienestar es un modelo económico en el que el Estado asume la responsabilidad de garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos sus ciudadanos. Esto incluye el acceso a servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones, además de medidas de protección social. Sin embargo, este modelo ha sido objeto de debate por su supuesta ineficiencia.
Los críticos del estado de bienestar argumentan que las altas tasas impositivas necesarias para sostener estos programas generan desincentivos al trabajo y a la inversión, reduciendo la eficiencia económica. Además, sostienen que un sistema de bienestar demasiado generoso puede crear una «cultura de dependencia«, en la que los individuos confían excesivamente en la asistencia estatal en lugar de buscar empleo (Mochón, 2009: 253).
Por otro lado, los defensores del estado de bienestar argumentan que este modelo es esencial para corregir las desigualdades económicas y garantizar un mínimo de dignidad para todos los ciudadanos. Afirman que, si bien puede haber costos asociados, los beneficios en términos de equidad, estabilidad social y calidad de vida son incalculables (Mochón, 2009: 254).
El debate entre eficiencia y equidad sigue siendo central en la discusión sobre el estado de bienestar, ya que los países buscan modelos que equilibren ambos factores para maximizar el bienestar de sus ciudadanos.
El Estado desempeña un papel multifacético en la economía, interviniendo tanto para corregir fallos de mercado como para garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. A través de una serie de instrumentos, como la política fiscal y la regulación de los mercados, el Estado busca equilibrar la eficiencia económica con la equidad social. Aunque el debate sobre la intervención estatal sigue abierto, su influencia en la economía moderna es innegable. Según Mochón (2009), la intervención estatal es fundamental no solo para la regulación de la actividad económica, sino también para la redistribución de la riqueza y la mejora del bienestar social (p. 255).
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Referencias
Mochón, F. (2009). Economía, teoría y política (6.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana. pp. 239-255.
